El portavoz popular alertó de la temeridad de iniciar las obras sin tener la sentencia del TSJA que ahora anula la construcción y da la razón a Zoido sobre sus dudas jurídicas
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha instado al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, a que acate la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula “la determinación de la construcción” de la nueva biblioteca central de la Universidad y no se plantee presentar recurso para alargar el proceso. Proceso que ha sido ahora paralizado por una sentencia que da respuesta a una contestación social en la calle.
Así lo ha dicho tras conocer esta sentencia que confirma lo que el Grupo Popular ha mantenido desde que tuvo acceso al expediente de concesión de licencia que demostraba el riesgo innecesario de ejecutar este proyecto en esa parcela sin seguir el procedimiento habitual de concesión de licencia y sin esperar el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ahora paraliza la obra.
Concretamente, esta licencia fue otorgada por la Comisión Ejecutiva, de la Gerencia de Urbanismo, formada por miembros del equipo de gobierno, y sin los parabienes habituales de los funcionarios de este organismo autónomo. De hecho, ningún funcionario quiso firmar la concesión de esta licencia por las dudas más que razonables de tipo legal que planteaba esta operación.
Zoido ha recordado que el gobierno recurrió a un informe “ad hoc” emitido por el secretario del Ayuntamiento, que les daba vía libre para seguir adelante con sus planes sin la firma de los funcionarios, pero que recogía la posibilidad de que fuera “susceptible de ser discutida desde otra perspectiva judicial”. Dicho informe fue el único aval para Monteserín para seguir adelante con lo permisos para la construcción de la biblioteca que hoy se anula.
Además, el texto sugería la necesidad de que se articulara “algún mecanismo que palíe los posibles efectos de una resolución judicial sobre el fondo del asunto”. Por eso, el secretario del Ayuntamiento concluía que “sería conveniente exigir un pronunciamiento expreso de renuncia a la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Gerencia de Urbanismo para el eventual supuesto de un fallo judicial que modificara esta interpretación”.
De esta manera, el alcalde se aseguraba, ante tantas dudas jurídicas de que pudieran seguir hasta el final, que la Universidad no podría pedir indemnización al Ayuntamiento.
Para Zoido, las dudas legales han estado siempre presente incluso dentro del gobierno municipal que a pesar de todo, ha seguido jugando con fuego otorgando la licencia y permitiendo el inicio de la construcción antes de conocer el fallo judicial. “Esta licencia las han concedido políticos y no técnicos del servicio de licencia y alguien tendrá que asumir esa responsabilidad política”.
En este sentido, Zoido ha recordado que pidió al alcalde la suspensión provisional de la obra hasta que se conociera esa sentencia del TSJA al tiempo que registró una proposición no de Ley en el Parlamento de Andalucía para instar a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a realizar una revisión de la licencia de la biblioteca universitaria que se estaba construyendo en el Prado de San Sebastián. Una propuesta de la que además informó al entones presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para que mediara.
Ni Chaves ni Monteserín quisieron escuchar las alertas del portavoz del Grupo Popular que hoy se demuestran que eran no sólo coherentes sino muy necesarias.
“Si me hubieran escuchado, si hubieran parado y no iniciado la obra hasta conocer esta sentencia, hoy no estaríamos con un agujero en medio de un parque, con 100 árboles retirados y mucho tiempo”.
Zoido ha insistido en que ya que Monteseirín ha metido la pata una vez al no escuchar a nadie y seguir adelante a pesar de la temeridad legal de la operación, debería ahora dejar de seguir probando y acatar la sentencia en lugar de pensar en recurrir para perder más tiempo y poner en peligro la posible restitución de toda la franja del parque levantado por la obra. Además, el portavoz popular ha destacado la inseguridad jurídica a la que somete a Sevilla el alcalde concediendo licencias de formas inéditas y forzadas que luego tumban los tribunales
El PP siempre defendió la necesidad de aplicar el sentido común en este asunto y además de esperar a la sentencia del TSJA, buscar un sitio alternativo donde no fuera necesario la retirada de árboles y que sirviera para regenerar esa nueva ubicación.
En todo momento, el Grupo Popular mantuvo que Sevilla cuenta con muy pocos espacios verdes para que encima se destruyan los que ya existen y además nos parece una operación temeraria por "tener dos procedimientos abiertos", uno judicial y otro administrativo, ya que lo lógico sería esperar al fallo judicial. Por eso el portavoz popular dijo siempre no entender las prisas por construir la biblioteca universitaria, ya que lo lógico sería llegar a un consenso con los vecinos y las Plataformas que luchan para que el proyecto no se lleve a cabo.
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